La estupidez no tiene género

Recientemente, los contribuyentes hemos pagado una reunión de responsables de la salud pública en el marco incomparable de Albarracín. Al parecer, en ella se hicieron declaraciones sobre el renacimiento de esta disciplina a partir de sus cenizas, cual si de ave fénix se tratara. Me alegro, a pesar de no haber sido invitado, porque la salud pública es una de mis especialidades. Y más me hubiera alegrado si se hubieran definido objetivos concretos, realistas y operativos. Pero por lo que me cuentan esto no ha sucedido. En cambio, estos "responsables" se han ejercitado en el conocido deporte de confundir los deseos con la realidad y en hacer demagogia políticamente correcta. Porque hace falta ser demagogo para hacer notar que la salud pública es del género femenino, señalando que esto implica plenitud, mientras que si fuera del género masculino estaríamos hablando de algo parcial e incompleto. Naturalmente el hecho de que los siete pecados capitales (recordemos: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envida y pereza) sean del género femenino no debe invalidar lo anterior. Ni el de que los órganos vitales del ser humano (cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones, etc.) sean del género masculino es motivo para pensar lo contrario. Tampoco tiene gran importancia que el género cambie según los idiomas. Así la sangre es femenino en castellano pero o sangue es masculino en portugués. Lo que no cambia es que las cosas son lo que son independientemente de cómo las llamemos. Más bien parece que la estupidez no tiene género. Y que, como dice el libro del Eclesiástico adaptado a lo políticamente correcto, "el número de los necios y necias es infinito".

Ahora la ley actúa

Irritante. El lema de la campaña para luchar contra las copias ilegales que desde hace unos días nos asalta desde cualquier marquesina de autobuses. En serio, dan ganas de dedicarse profesionalmente a la piratería. Porque no es serio un país donde hay que recordar a los ciudadanos que la ley actúa. Y encima con un molesto "ahora" al principio de la frase, como un reconocimiento explícito de que "hasta ahora" la ley no ha actuado.

Claro que, desde una perspectiva optimista, ese reconocimiento podría interpretarse como el principio de la solución del problema. Porque ese, por delante de todos los demás, es el problema de España: la ley no se cumple porque hay poco o ningún interés en hacerla cumplir. Eso sí, los Boletines Oficiales son cada vez más voluminosos. Parece que los legisladores, e incluyo en este conjunto a todos los que se dedican en algún momento a emitir normas "de obligado cumplimiento", piensan que basta con publicar una disposición para que esta se ejecute. ¿O se trata simplemente de justificar su jornada laboral?

Pues voy a proponerles una nueva tarea para que estén ocupados y se ganen el sueldo que les pagamos entre todos. Dedíquense a expurgar las normas obsoletas, incumplibles o incumplidas, innecesarias, farragosas o redundantes. Y en las nuevas pongan fecha de caducidad, como en los yogures.

Y ya de paso, empiecen por dar ejemplo.

¿Es más mejor?

Ayer podía leerse en Heraldo de Aragón la protesta de unos vecinos por haber sufrido un corte en el suministro de agua potable durante 30 horas, lo que consideraban intolerable. Realmente es una situación incómoda, lamentable si se quiere, pero en absoluto intolerable. Sin embargo, nuestros ciudadanos cada vez toleran peor el carecer de aquello a lo que creen tener derecho. No importa que haya millones de personas en el mundo sin acceso permanente al agua potable. Puesto que pagan por el agua al ayuntamiento (un precio político, naturalmente) tienen derecho al consumo ininterrumpido del líquido elemento. Aunque sea para desperdiciarlo.

Lo del agua es sólo un ejemplo. Homosexuales que creen tener derecho a adoptar niños. Mujeres que creen tener derecho a concebirlos y a abortarlos. Enfermos, reales o imaginarios, que creen tener derecho a los más novedosos -y caros- sistemas de diagnóstico y tratamiento. Trabajadores que creen tener derecho a trabajar en el sitio y en las condiciones que prefieran. Políticos que creen tener derecho a privilegios y a decidir sobre el destino de los impuestos. Periodistas que creen tener derecho a inmiscuirse en la vida privada de los demás. Habitantes de pequeños núcleos de población que creen tener derecho a que las autovías o los trenes de alta velocidad pasen por su pueblo. Artistas que creen tener derecho a que los demás aprecien su arte y lo paguen. La lista sería interminable.

Ante tanta apropiación indebida de la palabra "derecho", me declaro objetor. No con mi dinero. No con mi voto. Tengo derecho ¿no?